Altos cargos del Reina Sofía dejan parte de la gestión como rechazo a los recortes

La asamblea del Hospital da a conocer una carta firmada por un grupo de jefes de servicio que se niegan a participar en reuniones institucionales del SAS · La protesta se extenderá en septiembre a la provincia.

 Foto:Algunos de los sanitarios que asistieron ayer a la nueva asamblea de profesionales del Reina Sofía.

La asamblea del Hospital Reina Sofía ha ganado un metro más en su lucha contra los recortes -económicos y laborales- que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pretende aplicar al personal sanitario. Un grupo de jefes de servicio y directores de unidades de gestión clínica (UGC) del centro cordobés dejarán de hacer una parte de las tareas de gestión, la que no tiene nada que ver con la labor asistencial hacia los enfermos, en señal de protesta tanto por los citados ajustes como por el malestar que sienten al no sentirse partícipes en las negociaciones que han deparado este controvertido escenario. Ésta es una de las conclusiones de la carta que han firmado altos cargos del centro de Menéndez Pidal que ayer dieron a conocer los representantes de la asamblea a los cerca de 300 sanitarios que asistieron a la nueva sesión celebrada en el salón de actos del Hospital.

Los jefes de servicio y los directores de UGC que se sumaron a la protesta seguirán al frente de sus equipos de profesionales y gestionarán recursos, pero se desentenderán de la labor mediadora que han ejercido hasta ahora con la Administración pública y, por ende, con la dirección del Reina Sofía. Según la información facilitada a El Día por fuentes sanitarias, no participarán en las convocatorias institucionales del SAS. Los motivos, como explicaron, guardan relación con la "falta de diálogo" que, a su juicio, ha habido, por ejemplo, a la hora de decidir la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la reducción en el caso de los médicos con contrato temporal, eventual e interino, y bajadas de salarios de hasta un 24%.

Ésta es la tercera vez que altos cargos del Reina Sofía dan un golpe sobre la mesa del ente público desde que se constituyó la asamblea, ahora compuesta también enfermeros y auxiliares del Hospital. El primer apoyo que dieron al colectivo fue una carta de rechazo a los recortes, un documento que, sin embargo, no los dejaba al margen de parte de la gestión. La segunda vez fue a través de varios jefes de servicio, que señalaron a este periódico que estaban decididos a dejar el cargo si finalmente se eliminaba la continuidad asistencial, un complemento que perciben los médicos que pasan consulta en horario de tarde y fuera de la jornada laboral. Alrededor de 200 euros es el importe que ingresa cada especialista por cada continuidad asistencial.

Como detallaron los representantes de la asamblea a los profesionales que se congregaron ayer en el salón de actos, la firma de esta carta se produjo en el marco de una reunión que se produjo en la tarde del martes y a la que asistieron jefes de servicio y directores de UGC del Reina Sofía. Está por ver, según explicaron otras fuentes sanitarias consultadas, si éste nuevo paso es la antesala de la dimisión de los altos cargos que la asamblea le pide en cada reunión que se desarrolla.

La incorporación al movimiento asambleario del personal de los otros hospitales y las agencias sanitarias de Córdoba -Cabra, Pozoblanco, Montilla, Peñarroya y Puente Genil- fue otro de los capítulos que abordaron también los representantes del colectivo sanitario. Según explicaron a los empleados participantes en este último encuentro, esta adhesión se llevará a cabo a partir del próximo septiembre, que es cuando está previsto que la asamblea cobre una mayor fuerza. La campaña de recogida de firmas para pedir la dimisión de la consejera de Salud, María Jesús Montero, llegará, por tanto, a estos centros a la vuelta del verano.

El colectivo volverá a reunirse en el plazo de dos semanas -8 de agosto-, según acordó el personal que acudió a la asamblea.

Salud premia con 1,2 millones a directivos mientras baja sueldos

La cúpula del SAS comenzará a cobrar el plus de productividad en unos días, justo cuando se hacen efectivos los recortes salariales al resto de la plantilla.

la Junta aprieta el cinturón de un modo selectivo. El mensaje que están lanzando los trabajadores de la sanidad pública de que ellos son los principales perjudicados de los recortes y que, sin embargo, los emolumentos, cuando no prebendas, de los altos cargos siguen intactos, tiene más razón de la que quieren concederle los gestores del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Porque el plus de productividad con el que la Consejería de Salud premia a sus directivos por la consecución de objetivos se va a comenzar a pagar en julio, justo cuando los recortes al grueso de la plantilla del SAS se harán efectivos.

Fuentes oficiales de la Delegación de Salud de Córdoba confirmaron ayer a este periódico que la política de pluses de productividad no sufrirá variaciones este ejercicio, cuando los altos cargos ingresarán 1,2 millones de euros correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones profesionales del año 2011. La única medida de contención financiera que ha determinado Salud en relación a los pluses es que, a diferencia de los ejercicios anteriores, en éste no se cobrarán en un solo pago, sino prorrateados en seis meses. Pero las cantidades no sufrirán variación, indicaron las fuentes sindicales consultadas por este periódico.

Críticas del PP

Otra cuestión es si estos complementos salariales se verán modificados en los pagos que se ejecuten en 2013, y que premiarán el trabajo que se desarrolle este año. Las citadas fuentes sindicales indicaron que algunos directivos les han transmitido que la rebaja de los pluses rondará el diez por ciento, de manera que la cantidad total que la Administración autonómica desembolsará en Córdoba el próximo año por este concepto no bajará del millón de euros.

Por su parte, el PP cordobés criticó ayer duramente al cogobierno de la Junta por situar como un pilar de su plan de ajuste el recorte de salarios a los trabajadores públicos. Rosario Alarcón y Adolfo Molina, parlamentarios andaluces populares por la provincia, arremetieron contra esta decisión.

Molina, también secretario general de los populares de Córdoba, aseguró que se da «un importante recorte» de los sueldos del personal público dependiente del Ejecutivo autonómico. Aseguró que «hay otra fórmula» para alcanzar los 770 millones de ahorro que la Junta prevé alcanzar con la disminución de nóminas. Incidió en que esa cifra se puede lograr «sin tener que meter la mano en el bolsillo» de estos funcionarios y empleados públicos.

Y explicó que el PP tiene un paquete de iniciativas, que van a abordarse en el Parlamento entre ayer y hoy -al cierre de esta edición aún no había comenzado su debate-, para «controlar y reducir» el gasto del Ejecutivo de Griñán. Defendió que, de llevarse a cabo, evitaría tener que menguar los emolumentos de los trabajadores públicos de la Junta en los citados 770 millones. Destacó que estas medidas servirían también para «acabar con la grasa política». Se refería a la famosa Administración paralela. Por si había duda, Alarcón se refirió abiertamente a ella. Denunció que los socialistas e IU darán el «tijeretazo» a los salarios públicos para «costear 35.000 puestos de trabajo de la Administración paralela, los enchufados del PSOE». La también portavoz adjunta del PP en el Parlamento defendió que «hay que reconducir» la práctica del Gobierno andaluz de crear un entramado público «opaco y poco eficiente», que, a juicio de los populares, ha ido «en detrimento» de la Administración propiamente dicha y ha elevado el gasto.

Además, denunció que esa estructura paralela ha impedido la igualdad de oportunidades al acceder a un empleo público. Los populares demandan también que se garantice que todas las ayudas de la Junta estén sometidas a un proceso de concesión objetivo y reglado. A su juicio, ahora se otorgan a diestro y siniestro para «mantener a amigos o chiringuitos». Plantean la elaboración de una Ley Andaluza de la Función Pública.