Satse denuncia que el cierre en verano de consultas afecta a 44.000 personas

El sindicato achaca el problema a los recortes sociales que se han llevado a cabo en la sanidad de Córdoba en estos meses.

 

El Sindicato Profesional de Enfermería (Satse) denunció ayer que más de 44.000 personas con problemas de salud no podrán ser atendidas en las Consultas Externas de los hospitales de la provincia -Reina Sofía, Infanta Margarita y Valle de los Pedroches- durante el periodo estival por el incremento de cierres que han diezmado éste tipo de consultas. Cierres provocados por los recortes sociales en la sanidad cordobesa, según informó el sindicato de enfermería.

Según un estudio realizado por la organización sindical de enfermeros cordobeses, de las más de 44.000 actuaciones sanitarias que se dejarán de realizar, 20.500 atenciones se corresponden con el hospital Reina Sofía, 16.500 consultas con el Infanta Margarita y 7.000 serán los pacientes que se dejarán de atender en el Valle de los Pedroches.

Esta falta de atención en las Consultas Externas de los hospitales cordobeses se produce como consecuencia del cierre total o parcial de mencionado tipo de consultas pertenecientes a las distintas especialidades hospitalarias durante el periodo veraniego, las cuales tienen como finalidad el ahorro de dinero y como contrapartida el incremento de las listas de espera que demorarán la solución a los problemas de salud que padecen los ciudadanos de Córdoba y provincia, según informó Satse.

A juicio del sindicato, no es aceptable que durante varios meses se cierren consultas en los hospitales de la demarcación mientras miles de personas esperan ser atendidas para resolver su problema de salud.

Satse recordó a la administración sanitaria que los centros de atención no pueden ser tratados como una cadena de montaje de una empresa cualquiera, que permite el cierre total o parcial de los departamentos buscando el ahorro económico y cuya única repercusión sería el mayor o menor montante productivo para el empresario. Por ello, el sindicato cree que los servicios sanitarios están para resolver los problemas de salud de la población con agilidad y eficacia, sin distinción en épocas del año.

Por último, el sindicato exigió a la administración sanitaria de la Junta de Andalucía que la sanidad proteja a los ciudadanos y pacientes de los recortes que perjudican directamente su salud, "ya que se deteriora seriamente la imagen de los centros de salud de la comunidad autónoma andaluza y la atención sanitaria, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes y ciudadanos que habitan en la provincia por primar y priorizar el euro sobre la atención sanitaria y los cuidados de calidad a los ciudadanos".

Denuncia por acoso contra una jefa de la lavandería,del H.U. Reina Sofía

Una trabajadora del servicio de lavandería del hospital Reina Sofía, que sostiene que presenta una discapacidad física y psíquica debido a que está diagnosticada de epilepsia, y que también padece crisis importantes de lumbalgia, ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en Córdoba por el "acoso constante ", que según ella, sufre por parte de una de las gobernantas desde hace años.

La denuncia recoge que su jefa "la acosa constantemente y la trata mal", diciéndole que "no puede sentarse" y le "pega voces" para que trabaje con más celeridad cuando hay que meter la ropa en la calandra (secadora). Varias compañeras de esta empleada que se han puesto en contacto con este diario apoyan su denuncia. El hospital Reina Sofía declinó ayer responder a la denuncia presentada por esta profesional.

Los andaluces, de tercera en acceso al tratamiento oncológico, según el PP

 

Los populares denuncian que la Junta pone trabas para acceder a estos medicamentos en igualdad con el resto de España

 

Presentación de una herramienta para radioterapia

El senador y portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha denunciado que «los andaluces son de tercera en el acceso a los medicamentos oncológicos». Aguirre dijo citar literalmente las demandas de la Sociedad Española de Oncología Médica, que considera que Cataluña y Andalucía son las comunidades «que más trabas ponen para adquirir los tratamientos oncológicos aprobados por la Agencia Española del Medicamento».

Así, el popular explicó que es la Agencia Española la que autoriza cualquier medicamento y si lo hace, tiene que haber accesibilidad en todas las comunidades autónomas. «Sin embargo, hay hospitales que los admiten y otros que no, con variables que no son de la Agencia. Eso provoca inequidad porque a veces se atiende a criterios economicistas, y eso no es justo».

Para Aguirre, la Junta está conculcando el derecho de los pacientes andaluces al no permitirles el acceso en igualdad de condiciones con el resto de españoles. «Para cualquier medicamento hay que tener la misma accesibildad y en Andalucía esto no ocurre. El coste jamas debe ser una variable para la calidad asistencial y el acceso a los medicamentos».

El Satse denuncia el cierre de 400 camas en los hospitales cordobeses este verano

 

El sindicato de Enfermería critica que esto supone un ahorro de 14 millones

   Camas cerradas del hospital Reina Sofía de Córdoba

El Sindicato Profesional de la Enfermería Satse-Córdoba ha denunciado que los hospitales cordobeses se ahorraran unos 14 de millones de euros con el cierre y/o inutilización de cerca de 400 camas durante el verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Según Satse unos 14 millones de euros (unos 2.300 Millones de las antiguas pesetas), se ahorra el SAS en nuestra provincia, lo que supone un ahorro económico diario de cerca de 200.000 euros (33 millones de las antiguas pesetas), con el cierre y/o inutilización de cerca de 400 camas, distribuidas con 325 en el Hospital Reina Sofía, 32 el Infanta Margarita de Cabra y 33 en el Hospital Valle Los Pedroches.

Continua Satse afirmando que la eliminación diaria de 325 camas en Reina Sofía, supondrá la pérdida de más de 30.000 estancias hospitalarias, mientras miles de cordobeses esperan ser atendidos para solucionar su problema de salud.

El cierre de camas en el Hospital Reina Sofía afecta al Hospital Provincial, General, Los Morales y Materno-Infantil; y supone generar a la provincia de Córdoba, una importante disminución de recursos asistenciales al servicio del ciudadano.

Recuerda SATSE que Córdoba ya ocupa durante el resto del año el último lugar de Andalucía en cuanto a dotación de camas por mil Habitantes, con solo 2,20 camas por cada mil habitantes, mientras Hospitales como el Virgen de las Nieves (Granada) o el Torrecárdenas de Almería disponen de 4,10 y 3,77 camas respectivamente por cada mil habitantes, o el propio Hospital Ciudad de Jaén, con 3,8 camas por mil habitantes; todos ellos junto con el Puerta del Mar (Cádiz) y Carlos Haya (Málaga), disponen de más recursos cama que el Hospital Reina Sofía, lo que supone una clara situación de agravio y discriminación para los cordobeses respecto del resto de ciudadanos de Andalucía. A ello es necesario añadir que mientras provincias como Almería, Málaga y Sevilla continúan creciendo en centros hospitalarios y camas, Córdoba sigue disminuyendo sus camas según se evidencia en el Catálogo Nacional de Hospitales (CNI).

Por otro lado, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra se cerrarán 32 camas durante el verano, lo que provocará para las arcas del SAS un ahorro de más de 1 millón de euros (170 millones de las antiguas pesetas) y la pérdida de cerca de 2.800 estancias en el hospital. En cuanto al cierre de 33 camas en el Hospital de Pozoblanco, provocará la pérdida de 2.970 estancias.

El Hospital de Pozoblanco cierra 33 camas este verano

Los centros de salud o consultorios del área norte se quedan con la mitad de profesionales, y algunos tendrán dobletes.

A.B.C

Centro hospitalario de Pozoblanco

Los sindicatos del Área Sanitaria Norte de Córdoba(ASNC) se están preparando para un verano desbordado en el que la falta de personal y la pérdida de asistencia no tienen precedentes. «Este año va a ser peor que el año pasado, que ya fue malo. Se van a perder un total de 33 camas en el hospital. La planta del hospital semanal quirúrgico va perder 18 camas desde julio hasta el 15 de septiembre. Por otro lado, se ha comunicado que se inhabilitará la mitad de una de las plantas de Medicina Interna. En esa planta se van a perder 15 camas», explicó Francisco Tamajón, representante del Sindicato de enfermería (Satse) en Pozoblanco y portavoz de la mesa de sindicatos del Área Norte de Córdoba.

Por su parte, desde la dirección médica del Área Norte de Córdoba se desmiente la pérdida de servicio. «Va a seguir funcionando todo y no se cierra nada. Va a depender todo de la ocupación que haya. No se van a cerrar plazas, ni quirófanos», explicó Elisa Lopera, directora Médica del ASNC.

Esta pérdida, en el caso de los especialistas va a llegar al cien por cien, durante las vacaciones del facultativo. «Los especialistas no se van sustituir, por lo que el mes que este de vacaciones no va a haber consultas de esa especialidad», señaló Tamajón.

En el resto del área sanitaria norte, la situación no es mas alentadora, sino que se van a suspender las consultas programadas para la tarde y en los municipios con un médico éste tendrá que hacer doblete en otros pueblos esa misma mañana.

El 64% del personal sanitario suspende la actual gestión de su centro

Córdoba / encuesta del csif

El sindicato ha entrevistado a más de 1.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba

 

 

 

 

Foto:Hospital Reina Sofía

 

Cerca del 64% de los profesionales del sistema sanitario (en concreto, el 63,7%) suspende la actual gestión de su centro según los datos que arroja un estudio de CSIF Córdoba realizado a más de medio millar de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros de atención primaria, hospitales y centros de atención especializada de toda la provincia.

En la encuesta realizada, un porcentaje similar, en concreto el 63,1%, suspende la labor del actual equipo directivo de su centro y el 52% suspende directamente la política llevada a cabo por su actual cargo intermedio, según el estudio realizado por el Sector de Sanidad de CSIF Córdoba.

Para CSIF, los datos de la encuesta son bastante preocupantes porque suponen una desmotivación extra para los profesionales, que sufren sobrecarga en sus jornadas, recortes sociolaborales y salariales y un grave déficit de personal en el SAS que agrava sus condiciones. En este sentido, preguntados por la forma de calcular el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP), modificada en los últimos años, más del 80% de los trabajadores del SAS considera que los cambios se han hecho para producir un recorte económico añadido.

Así, el 55% de los encuestados reconoce desconocer además los objetivos comunes de su unidad y los objetivos personales, sobre los que finalmente se basa el cálculo del citado CRP y la remuneración sobre este complemento. En este sentido, el 90% reconoce desconocer la existencia de una Comisión de Seguimiento del CRP, como establece el acuerdo de Mesa Sectorial.

Por último, el 69% de los encuestados considera que la evaluación por su cargo intermedio no ha sido todo lo objetiva y razonada que debe ser, aumentando la desconfianza entre los trabajadores y los mandos intermedios de los centros, que se traduce en un suspenso generalizado tanto de la labor del cargo intermedio, como del actual equipo de dirección del centro y de su gestión.

Negocios y salud

• La regulación establecida en una norma de la Junta de Andalucía podría estar teniendo efectos negativos sobre la cualificación de trabajadores de centros sanitarios y sociales.
• La norma contribuye al lucro de sindicatos y entidades privadas, y puede perjudicar la calidad de los servicios sanitarios y sociales.

 

 Las últimas elecciones municipales y autonómicas constituyen el tema de actualidad, pero como el gusto está en la variedad, hoy les traigo a estas páginas otro asunto, un caso concreto que he conocido recientemente. El común de los mortales no suele dar importancia a estas materias, que suelen pasar desapercibidas, pero desde mi punto de vista tienen una gran trascendencia si realizamos una mínima reflexión. Les invito a leer detenidamente el artículo, dado que a ustedes les podría afectar cuando menos se lo esperen.

Les relato brevemente lo que ocurrió en el año 2007 a uno de tantos desempleados que tiene Andalucía. El alumno en cuestión asistió a un curso de F.P.O. (Formación Profesional Ocupacional) para personas desempleadas, organizado por una entidad privada. Al final del curso le expidieron un certificado firmado por el que era entonces Director Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio Rivas Sánchez, con un total de 284 horas lectivas, celebrado entre los días 26-02-2007 al 15-05-2007.

Tuvieron dos profesores, uno de ellos del sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO.), que al parecer, asistía poco al curso. No obstante, aprovechó este curso de F.P.O. para “venderles” a los alumnos dos cursos que organizaba dicho sindicato, de 250 horas lectivas cada uno. Simplemente tenían que pagar unos 100 euros por cada curso, les entregaba un manual, y cumplimentaban un cuestionario de preguntas en dos o tres días, y así obtenían el certificado. Y así hicieron. Según el certificado, ambos cursos se desarrollaron entre los días 12-03-2007 y 25-04-2007, fechas que coinciden con el curso al que asistían de F.P.O.

Estos dos cursos tenían el reconocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como de “interés docente-sanitario”, con números de expedientes 436/2005 y 105/2006. Según el certificado, estaban dirigidos a auxiliares de enfermería, celadores y trabajadores sociales, y a personal de cocina, cocineros, pinches y gobernantas de cocinas hospitalarias, aunque el alumno en paro no tenía formación alguna relacionada con dichas profesiones. Ambos certificados estaban firmados por el Secretario General (Rafael F.S.) y la Secretaria de Formación (Ana R.R.) de la Unión Provincial de Sevilla de CCOO.

No voy a entrar en el estudio de la legalidad o ilegalidad de estas actuaciones, pero a simple vista es un fraude con unas consecuencias lamentables, como explicaré más adelante, especialmente si esta práctica ha estado generalizada.

He investigado en Internet la publicidad de este tipo de cursos, y he buscado la normativa sobre ese “reconocimiento de interés docente-sanitario”. Parece ser que CC.OO utiliza la formación para conseguir afiliados, según la publicidad de sus cursos (folleto de FYSA, Formación y Sanidad de CCOO). Muchos de esos cursos cuentan, según dicha publicidad, con la acreditación “RIDS”, es decir, “Reconocidos de Interés Docente-Sanitario”, y se advierte de lo siguiente: “GARANTÍA DE CALIDAD. Todos los cursos cuentan con Reconocimiento de Interés Docente Sanitario (RIDS) o de Interés Sanitario (RIS), mediante las correspondientes resoluciones de la Administración Sanitaria. Atendiendo al criterio de algún tribunal de Comunidad Autónoma puede ser que no se valore este Reconocimiento oficial en los procesos selectivos.”

En la web de una academia privada de formación pude encontrar la siguiente nota en la publicidad de sus cursos:

<<La Orden de 2 de Octubre de 1997 por la que se regula el reconocimiento de interés docente- sanitario,  dice en su artículo 1.3 dice: “Se otorgará el reconocimiento de interés docente-sanitario a aquellas actividades formativas como cursos, doctorados, masters, etc. que contribuyan a la preparación de los trabajadores de la Salud para responder tanto a las necesidades actuales como futuras y que garanticen la actualización de nuevos conocimientos, así como la calidad de las actuaciones en su ámbito profesional.” Y su artículo 3 dice: “Podrán solicitar el reconocimiento de interés científico-sanitario o de interés docentes-sanitario, aquellas asociaciones, fundaciones, entidades de carácter público o privado, que acrediten tener personalidad jurídica y estar legalmente constituidas”. Y en la Resolución de las actividades podemos encontrar: “Por tanto dicho Reconocimiento será extensivo a los Trabajadores de la Salud”>>.

La citada Orden está publicada en el BOJA de 14 /10/1997, y si tienen la curiosidad de leerla –el texto es exiguo- el único “control” previsto se establece en su artículo 7.2, que obliga a la entidad solicitante del reconocimiento a enviar a la Consejería el resumen y las conclusiones del curso en un plazo de dos meses contado a partir de su celebración. Actualmente, la competencia para dicho reconocimiento la tiene la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, según la información extraída de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza.

En mi opinión, esta regulación de la Consejería sobre el “reconocimiento de interés docente-sanitario” genera unas expectativas a los potenciales alumnos que suelen desconocer este mundo de la formación y de las acreditaciones profesionales, que es aprovechada por sindicatos, fundaciones, academias de formación y asociaciones para lucrarse. Una Administración seria, rigurosa, que realmente defiende el interés general, no puede entrar en ese juego del mercadeo, que incluso provoca una inseguridad jurídica prohibida por nuestra Constitución. No hay más que ver lo que anuncia el propio sindicato de CC.OO. en su folleto publicitario: “Atendiendo al criterio de algún tribunal de Comunidad Autónoma puede ser que no se valore este Reconocimiento oficial en los procesos selectivos.” Es evidente que un alumno se gastará el dinero que haga falta ante la posibilidad de que algún tribunal de oposiciones, de una bolsa de trabajo o de un concurso de méritos, decida darlo como válido por su presumible carácter oficial y lo acabe valorando.

¿Se dan cuenta ustedes de las nefastas consecuencias que provoca una norma de la Junta de Andalucía como la Orden citada de 1997? Desde mi punto de vista, es una desfachatez que exista una norma así, cuando está en juego la salud de las personas. El personal sanitario SIEMPRE debería tener una formación con las garantías debidas.

Por un lado, estos cursos con “reconocimiento oficial”, que no están controlados como debieran ni garantizada su calidad, están sirviendo para promocionar tanto a personal sanitario como no sanitario que trabaja en centros hospitalarios, de salud y de temas sociales, que obviamente podría tener sus efectos sobre la calidad de los servicios que se prestan en dichos centros, y lo que sería más grave, sobre la salud de las personas. Si el alumno que vivió esa historia pudo “comprar” dos cursos, sin siquiera cumplir el requisito del destinatario, ¿cuántos cursos se estarán utilizando para promocionarse profesionalmente trabajadores de los centros sanitarios o sociales (centros de día, discapacitados, geriátricos, etc.)? ¿Se puede ser tan obtuso en una Administración? Con el PSOE en el Gobierno de la Junta, les aseguro que todo esto es posible y peor aún.

Por otro lado, la intervención de la Administración en un procedimiento para el “reconocimiento de interés docente-sanitario” mediante una norma que no establece un riguroso control (por ello algunas Comunidades Autónomas ni siquiera lo valoran, aunque sea “oficial”) está favoreciendo un negocio de escaso beneficio para la sociedad en cuanto a la formación de los profesionales sanitarios se refiere, dadas las escasa garantías denunciadas, pero muy lucrativo económicamente para sindicatos, fundaciones, asociaciones y academias privadas.   

Está lejos de mi alcance valorar si esa norma se ha aprobado con dicha intención, pero sin duda existe una grave negligencia que debería corregirse, por el bien de los potenciales alumnos, y muy especialmente por los enfermos, ancianos, discapacitados, y demás personas vulnerables que podrían estar en manos de trabajadores que “compraron” cursos como el del caso relatado en este artículo.