- La regulación establecida en una norma de la Junta de Andalucía podría estar teniendo efectos negativos sobre la cualificación de trabajadores de centros sanitarios y sociales.
- La norma contribuye al lucro de sindicatos y entidades privadas, y puede perjudicar la calidad de los servicios sanitarios y sociales.
Las últimas elecciones municipales y autonómicas constituyen el tema de actualidad, pero como el gusto está en la variedad, hoy les traigo a estas páginas otro asunto, un caso concreto que he conocido recientemente. El común de los mortales no suele dar importancia a estas materias, que suelen pasar desapercibidas, pero desde mi punto de vista tienen una gran trascendencia si realizamos una mínima reflexión. Les invito a leer detenidamente el artículo, dado que a ustedes les podría afectar cuando menos se lo esperen.
Les relato brevemente lo que ocurrió en el año 2007 a uno de tantos desempleados que tiene Andalucía. El alumno en cuestión asistió a un curso de F.P.O. (Formación Profesional Ocupacional) para personas desempleadas, organizado por una entidad privada. Al final del curso le expidieron un certificado firmado por el que era entonces Director Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio Rivas Sánchez, con un total de 284 horas lectivas, celebrado entre los días 26-02-2007 al 15-05-2007.
Tuvieron dos profesores, uno de ellos del sindicato de Comisiones Obreras (CC.OO.), que al parecer, asistía poco al curso. No obstante, aprovechó este curso de F.P.O. para “venderles” a los alumnos dos cursos que organizaba dicho sindicato, de 250 horas lectivas cada uno. Simplemente tenían que pagar unos 100 euros por cada curso, les entregaba un manual, y cumplimentaban un cuestionario de preguntas en dos o tres días, y así obtenían el certificado. Y así hicieron. Según el certificado, ambos cursos se desarrollaron entre los días 12-03-2007 y 25-04-2007, fechas que coinciden con el curso al que asistían de F.P.O.
Estos dos cursos tenían el reconocimiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como de “interés docente-sanitario”, con números de expedientes 436/2005 y 105/2006. Según el certificado, estaban dirigidos a auxiliares de enfermería, celadores y trabajadores sociales, y a personal de cocina, cocineros, pinches y gobernantas de cocinas hospitalarias, aunque el alumno en paro no tenía formación alguna relacionada con dichas profesiones. Ambos certificados estaban firmados por el Secretario General (Rafael F.S.) y la Secretaria de Formación (Ana R.R.) de la Unión Provincial de Sevilla de CCOO.
No voy a entrar en el estudio de la legalidad o ilegalidad de estas actuaciones, pero a simple vista es un fraude con unas consecuencias lamentables, como explicaré más adelante, especialmente si esta práctica ha estado generalizada.
He investigado en Internet la publicidad de este tipo de cursos, y he buscado la normativa sobre ese “reconocimiento de interés docente-sanitario”. Parece ser que CC.OO utiliza la formación para conseguir afiliados, según la publicidad de sus cursos (folleto de FYSA, Formación y Sanidad de CCOO). Muchos de esos cursos cuentan, según dicha publicidad, con la acreditación “RIDS”, es decir, “Reconocidos de Interés Docente-Sanitario”, y se advierte de lo siguiente: “GARANTÍA DE CALIDAD. Todos los cursos cuentan con Reconocimiento de Interés Docente Sanitario (RIDS) o de Interés Sanitario (RIS), mediante las correspondientes resoluciones de la Administración Sanitaria. Atendiendo al criterio de algún tribunal de Comunidad Autónoma puede ser que no se valore este Reconocimiento oficial en los procesos selectivos.”
En la web de una academia privada de formación pude encontrar la siguiente nota en la publicidad de sus cursos:
<<La Orden de 2 de Octubre de 1997 por la que se regula el reconocimiento de interés docente- sanitario, dice en su artículo 1.3 dice: “Se otorgará el reconocimiento de interés docente-sanitario a aquellas actividades formativas como cursos, doctorados, masters, etc. que contribuyan a la preparación de los trabajadores de la Salud para responder tanto a las necesidades actuales como futuras y que garanticen la actualización de nuevos conocimientos, así como la calidad de las actuaciones en su ámbito profesional.” Y su artículo 3 dice: “Podrán solicitar el reconocimiento de interés científico-sanitario o de interés docentes-sanitario, aquellas asociaciones, fundaciones, entidades de carácter público o privado, que acrediten tener personalidad jurídica y estar legalmente constituidas”. Y en la Resolución de las actividades podemos encontrar: “Por tanto dicho Reconocimiento será extensivo a los Trabajadores de la Salud”>>.
La citada Orden está publicada en el BOJA de 14 /10/1997, y si tienen la curiosidad de leerla –el texto es exiguo- el único “control” previsto se establece en su artículo 7.2, que obliga a la entidad solicitante del reconocimiento a enviar a la Consejería el resumen y las conclusiones del curso en un plazo de dos meses contado a partir de su celebración. Actualmente, la competencia para dicho reconocimiento la tiene la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, según la información extraída de la Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza.
En mi opinión, esta regulación de la Consejería sobre el “reconocimiento de interés docente-sanitario” genera unas expectativas a los potenciales alumnos que suelen desconocer este mundo de la formación y de las acreditaciones profesionales, que es aprovechada por sindicatos, fundaciones, academias de formación y asociaciones para lucrarse. Una Administración seria, rigurosa, que realmente defiende el interés general, no puede entrar en ese juego del mercadeo, que incluso provoca una inseguridad jurídica prohibida por nuestra Constitución. No hay más que ver lo que anuncia el propio sindicato de CC.OO. en su folleto publicitario: “Atendiendo al criterio de algún tribunal de Comunidad Autónoma puede ser que no se valore este Reconocimiento oficial en los procesos selectivos.” Es evidente que un alumno se gastará el dinero que haga falta ante la posibilidad de que algún tribunal de oposiciones, de una bolsa de trabajo o de un concurso de méritos, decida darlo como válido por su presumible carácter oficial y lo acabe valorando.
¿Se dan cuenta ustedes de las nefastas consecuencias que provoca una norma de la Junta de Andalucía como la Orden citada de 1997? Desde mi punto de vista, es una desfachatez que exista una norma así, cuando está en juego la salud de las personas. El personal sanitario SIEMPRE debería tener una formación con las garantías debidas.
Por un lado, estos cursos con “reconocimiento oficial”, que no están controlados como debieran ni garantizada su calidad, están sirviendo para promocionar tanto a personal sanitario como no sanitario que trabaja en centros hospitalarios, de salud y de temas sociales, que obviamente podría tener sus efectos sobre la calidad de los servicios que se prestan en dichos centros, y lo que sería más grave, sobre la salud de las personas. Si el alumno que vivió esa historia pudo “comprar” dos cursos, sin siquiera cumplir el requisito del destinatario, ¿cuántos cursos se estarán utilizando para promocionarse profesionalmente trabajadores de los centros sanitarios o sociales (centros de día, discapacitados, geriátricos, etc.)? ¿Se puede ser tan obtuso en una Administración? Con el PSOE en el Gobierno de la Junta, les aseguro que todo esto es posible y peor aún.
Por otro lado, la intervención de la Administración en un procedimiento para el “reconocimiento de interés docente-sanitario” mediante una norma que no establece un riguroso control (por ello algunas Comunidades Autónomas ni siquiera lo valoran, aunque sea “oficial”) está favoreciendo un negocio de escaso beneficio para la sociedad en cuanto a la formación de los profesionales sanitarios se refiere, dadas las escasa garantías denunciadas, pero muy lucrativo económicamente para sindicatos, fundaciones, asociaciones y academias privadas.
Está lejos de mi alcance valorar si esa norma se ha aprobado con dicha intención, pero sin duda existe una grave negligencia que debería corregirse, por el bien de los potenciales alumnos, y muy especialmente por los enfermos, ancianos, discapacitados, y demás personas vulnerables que podrían estar en manos de trabajadores que “compraron” cursos como el del caso relatado en este artículo.
