La cúpula del SAS comenzará a cobrar el plus de productividad en unos días, justo cuando se hacen efectivos los recortes salariales al resto de la plantilla.
la Junta aprieta el cinturón de un modo selectivo. El mensaje que están lanzando los trabajadores de la sanidad pública de que ellos son los principales perjudicados de los recortes y que, sin embargo, los emolumentos, cuando no prebendas, de los altos cargos siguen intactos, tiene más razón de la que quieren concederle los gestores del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Porque el plus de productividad con el que la Consejería de Salud premia a sus directivos por la consecución de objetivos se va a comenzar a pagar en julio, justo cuando los recortes al grueso de la plantilla del SAS se harán efectivos.
Fuentes oficiales de la Delegación de Salud de Córdoba confirmaron ayer a este periódico que la política de pluses de productividad no sufrirá variaciones este ejercicio, cuando los altos cargos ingresarán 1,2 millones de euros correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones profesionales del año 2011. La única medida de contención financiera que ha determinado Salud en relación a los pluses es que, a diferencia de los ejercicios anteriores, en éste no se cobrarán en un solo pago, sino prorrateados en seis meses. Pero las cantidades no sufrirán variación, indicaron las fuentes sindicales consultadas por este periódico.
Críticas del PP
Otra cuestión es si estos complementos salariales se verán modificados en los pagos que se ejecuten en 2013, y que premiarán el trabajo que se desarrolle este año. Las citadas fuentes sindicales indicaron que algunos directivos les han transmitido que la rebaja de los pluses rondará el diez por ciento, de manera que la cantidad total que la Administración autonómica desembolsará en Córdoba el próximo año por este concepto no bajará del millón de euros.
Por su parte, el PP cordobés criticó ayer duramente al cogobierno de la Junta por situar como un pilar de su plan de ajuste el recorte de salarios a los trabajadores públicos. Rosario Alarcón y Adolfo Molina, parlamentarios andaluces populares por la provincia, arremetieron contra esta decisión.
Molina, también secretario general de los populares de Córdoba, aseguró que se da «un importante recorte» de los sueldos del personal público dependiente del Ejecutivo autonómico. Aseguró que «hay otra fórmula» para alcanzar los 770 millones de ahorro que la Junta prevé alcanzar con la disminución de nóminas. Incidió en que esa cifra se puede lograr «sin tener que meter la mano en el bolsillo» de estos funcionarios y empleados públicos.
Y explicó que el PP tiene un paquete de iniciativas, que van a abordarse en el Parlamento entre ayer y hoy -al cierre de esta edición aún no había comenzado su debate-, para «controlar y reducir» el gasto del Ejecutivo de Griñán. Defendió que, de llevarse a cabo, evitaría tener que menguar los emolumentos de los trabajadores públicos de la Junta en los citados 770 millones. Destacó que estas medidas servirían también para «acabar con la grasa política». Se refería a la famosa Administración paralela. Por si había duda, Alarcón se refirió abiertamente a ella. Denunció que los socialistas e IU darán el «tijeretazo» a los salarios públicos para «costear 35.000 puestos de trabajo de la Administración paralela, los enchufados del PSOE». La también portavoz adjunta del PP en el Parlamento defendió que «hay que reconducir» la práctica del Gobierno andaluz de crear un entramado público «opaco y poco eficiente», que, a juicio de los populares, ha ido «en detrimento» de la Administración propiamente dicha y ha elevado el gasto.
Además, denunció que esa estructura paralela ha impedido la igualdad de oportunidades al acceder a un empleo público. Los populares demandan también que se garantice que todas las ayudas de la Junta estén sometidas a un proceso de concesión objetivo y reglado. A su juicio, ahora se otorgan a diestro y siniestro para «mantener a amigos o chiringuitos». Plantean la elaboración de una Ley Andaluza de la Función Pública.
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